lunes, 7 de febrero de 2011

Air Comet usó fondos destinados a Aerolineas Argentinas


El Supremo obliga a la Audiencia Nacional a investigar a Díaz Ferrán por el caso Aerolíneas Argentinas

El juez Velasco rechazó el caso en diciembre de 2009 y lo había devuelto a los juzgados de Plaza de Castilla

Gerardo Díaz Ferrán podrá ser juzgado por la Audiencia Nacional por el caso de Aerolíneas Argentinas. El Tribunal Supremo ha concluido que la Audiencia tiene la competencia para investigar a Díaz Ferrán y a su socio Gonzalo Pascual por presuntos delitos de fraude y apropiación indebida de 108 millones de euros procedentes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para pagar las deudas de Aerolíneas Argentinas, según el auto dictado el pasado 20 de enero. El Supremo zanja así la cuestión de competencia sobre este caso que el Juzgado de Instrucción número 35 planteó al considerarlo competencia de la Audiencia, donde el juez Velasco lo rechazó en diciembre de 2009.

El Supremo concluye que la Audiencia Nacional es la competente para investigar los delitos fiscales en conceptro de fraude, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, considera que la cantidad defraudada por Díaz Ferrán y Pascual "puede tener una grave repercusión sobre la economía nacional, en la seguridad del tráfico mercantil" y que, además, "afecta a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia", lo que es "suficiente competencia".

La investigación de este caso comenzó en 2003, cuando la fiscalía Anticorrupción comenzó a estudiar la actuación de la aerolínea Air Comet, propiedad de Díaz Ferrán, en el concurso de acreedores de Aerolíneas Argentinas. La investigación se centraba en la posibilidad de que Air Comet hubiera hecho figurar unas deudas que en principio ya habían sido saldadas por la SEPI en el marco de sus aportaciones para la reducción de deuda de la compañía y su reflotamiento. En 2001, la SEPI había concedido una cantidad de dinero a Air Comet para que tratara de resucitar a la compañía aérea; sin embargo en 2006, el Tribunal de Cuentas de España denunció que ese dinero no se había destinado a lo pactado: pagar deudas, ampliar capital y comprar aviones.

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