jueves, 8 de diciembre de 2011

España: Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil

En el marco de leer reglamentación internacional que se refiera a seguridad operacional, busqué en la legislación Española y me encontré con la Ley 1/2011 que fuera publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 5 de Marzo de este año (2011).
A medida que avance con la lectura llegué a la incorporación de un nuevo artículo el 48bis que la ley anterior 21/2003 no contemplaba. Me parece un ejemplo de lo que puede venir en nuestro país, con la sanción en algún momento de la Ley Nacional de Seguridad Operacional.  La Ley Española contempla que los proveedores de servicios de navegación aérea, y los servicios de control de tránsito aéreo puedan ser privados, decisión que tarde o temprano se dará en nuestro país, más con los últimos acontecimientos creados por el decreto 1840/2011.

Paso a copiar el artículo 48bis de la Ley 1/2011 (España)

Dieciséis. Se adiciona un nuevo artículo 48 bis con el siguiente tenor:
«Artículo 48 bis. Infracciones en relación con control del tránsito aéreo.
1. Constituyen infracciones administrativas muy graves en relación con el control del tránsito aéreo las siguientes conductas realizadas por los controladores de tránsito aéreo:
1.ª Simular enfermedad o disminución de la capacidad psicofísica o dificultar o negarse a realizar los controles médicos a los que hace referencia el apartado 4 del artículo 34.
2.ª Dificultar, retrasar o negarse a realizar las labores de formación o instrucción que sean establecidas por el proveedor de servicios de tránsito aéreo en el ejercicio de su poder de organización y dirección.
3.ª Dificultar, retrasar o negarse a recibir la formación o instrucción que haya sido establecida por el proveedor de servicios de tránsito aéreo en el ejercicio de su poder de organización y dirección.
4.ª Dificultar, retrasar o negarse a realizar las pruebas o exámenes de aptitud física, psíquica o de competencia lingüística que establezca el proveedor de servicios de tránsito aéreo, en la forma y los plazos que éste estime pertinentes para garantizar la eficacia, continuidad y seguridad del servicio.
5.ª Obstaculizar o impedir las pruebas de calidad o auditorías que realice tanto el proveedor de servicios de tránsito aéreo como la Autoridad Nacional de Supervisión.
6.ª La falta de asistencia injustificada al puesto de trabajo, el abandono del mismo sin autorización del proveedor de servicios de tránsito aéreo, así como la no atención injustificada al servicio de imaginaria que tenga programado cuando fuera convocado por dicho proveedor.
7.ª En los supuestos de cambio de proveedor de tránsito aéreo, dificultar, obstaculizar o negarse a prestar la debida colaboración y a suministrar la formación e instrucción así como la información necesaria para que dicho cambio se produzca con garantías de seguridad, eficacia y continuidad.
2. Además de las sanciones y las medidas indemnizatorias que correspondan conforme a lo señalado en los artículos 55 y 57 (Nota: Ver al final estos artículos), las infracciones previstas en el apartado anterior llevarán aparejada en todo caso la sanción accesoria de pérdida definitiva de la licencia de control de tránsito aéreo de que sea titular el responsable de la infracción.
3. Tanto los proveedores de servicio de navegación aérea como la Autoridad Aeronáutica tendrán pleno acceso a las grabaciones y comunicaciones relativas al control del tránsito aéreo en orden a poder controlar, supervisar, auditar e inspeccionar la prestación del servicio, así como para realizar el estudio o análisis de los posibles incidentes producidos.

Los proveedores de tránsito aéreo y la Autoridad Aeronáutica establecerán los mecanismos necesarios para preservar la confidencialidad de las comunicaciones, no pudiendo difundir ninguno de los datos, grabaciones o comunicaciones que hayan obtenido en aplicación de lo establecido en este apartado, y cumpliendo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 996/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010.

Asimismo, la información sobre seguridad operacional facilitada voluntariamente en el marco del Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil, tendrá la protección prevista en los artículos 11.1, párrafo final, y 12.»

Si no fuera suficiente las condiciones que establece el 48bis y como tiro de remate promulgaron el artículo 55, que si bien también incumbe a las compañías aéreas, fabricantes y demás, deja abierta la puerta para la aplicación de sanciones económicas a "las personas físicas" quedando en un limbo la expresión "o que realicen a cambio de una contraprestación económica no salarial"

Veinte. Se modifica el apartado 2 del artículo 55, que queda redactado como sigue:
«2. Cuando las infracciones fueran cometidas por las entidades colaboradoras de inspección, las compañías que realicen transporte aéreo comercial, las organizaciones de diseño, fabricación o mantenimiento de aeronaves, los proveedores de servicios de navegación aérea, los agentes de servicios aeroportuarios, los gestores de aeropuertos, aeródromos o instalaciones aeroportuarias y, en general, las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley con carácter comercial o que las realicen a cambio de una contraprestación económica no salarial las sanciones aplicables serán las siguientes:
a) Para las infracciones leves, apercibimiento o multa de 4.500 hasta 70.000 euros.
b) Para las infracciones graves, multa de 70.001 a 250.000 euros.
c) Para las infracciones muy graves, multa de 250.001 a 4.500.000 euros.»



Artículo 57. Otras medidas.

1. Además de imponer las sanciones que en cada caso correspondan, la resolución del procedimiento sancionador podrá declarar la obligación de:

    Restituir las cosas o reponerlas a su estado anterior en el plazo que se fije.
    Indemnizar los daños irreparables por cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el deterioro causado, así como los perjuicios ocasionados, en el plazo que se fije.

2. Se exigirá la indemnización por daños y perjuicios cuando no fuera posible la restitución o reposición y en todo caso si se hubieran producido daños y perjuicios a los intereses públicos.
Cuando los daños fueran de difícil evaluación, para fijar la indemnización se tendrán en cuenta el coste teórico de la restitución y reposición y el valor de los bienes dañados, debiendo aplicarse el que proporcione el mayor valor.

3. Las indemnizaciones que se determinen tendrán naturaleza de crédito de Derecho público y su importe podrá ser exigido por la vía administrativa de apremio.


Como se puede leer las condiciones son duras y se asemejan más a un cerco a las libertades individuales que ha una Ley de garantía de esas libertades, aplicando castigos desproporcionados convirtiendo como dijo Cesar Cabo (Controlador Español) "a los pilotos y controladores al estamento de ciudadanos de segunda clase". Lástima que un Gobierno Socialista llevara estas medidas adelante;  siempre se asoció el Socialismo al progresismo, a la lucha por los derechos de las minorías, a la defensa de las garantías laborales.

Recordemos en nuestro país la lucha de tantos socialistas que durante nuestra rica historia defendieron valores como la democracia y entre otros, los derechos de la mujer como fue el caso de Alicia Moreau de Justo. En fin, paradojas que nos presenta la vida.

Roberto Julio Gómez

1 comentario:

  1. Guillermo Oscar Pérez8 de diciembre de 2011, 12:35

    QUE BUENO SERIA QUE SE APLICARA ESTA LEY A LOS MILICOS (Varios ya están procesados) PARA QUE SE LES TERMINE EL INTERES DE QUEDARSE CON DINEROS QUE PAGA LA AVIACION CIVIL.

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